Tegucigalpa (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció este miércoles violaciones a derechos humanos en Honduras en 2025 durante el estado de excepción, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a fuerzas de seguridad, en medio de tensión política y altos índices de impunidad.
El ‘Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras’, presentado en Tegucigalpa por el representante de la Acnudh, Juan Carlos Monge, advierte que el estado de excepción -vigente desde diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero-, perdió «su carácter excepcional y temporal» tras 24 prórrogas y se convirtió en la «principal estrategia de lucha contra el crimen».
Según el documento, la Acnudh documentó violaciones a los derechos humanos que afectaron a 24 personas, entre ellas tres mujeres, durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, amparados en «la discrecionalidad» que otorgaba el estado de excepción.
El balance atribuye a cuerpos militares y policiales «ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura y malos tratos, tres de ejecuciones extrajudiciales, dos de muerte bajo custodia y seis de detenciones arbitrarias».
La Acnudh mostró «preocupación por la presunta participación de miembros de las fuerzas de seguridad en ocho casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de disputas territoriales entre estructuras criminales».
Tensión electoral y democracia
Monge dijo a EFE que durante el estado de excepción «se cometieron varias violaciones de los derechos humanos» y que la flexibilización de procedimientos judiciales durante la medida generó una «discrecionalidad» en un ambiente «crispado y polarizado» por las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Señaló que los comicios, que dieron la victoria al conservador Nasry "Tito" Asfura, fueron «tranquilos», pero marcados por «ataques verbales, de crispación y de mucha incertidumbre».
Monge enfatizó que la confrontación y los ataques contra las autoridades electorales «no son una buena noticia para la democracia» del país centroamericano.
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